Sandra Moneo, diputada del PP, a la izquierda.
Hoy quisiera ofrecer a mis lectores el discurso íntegro de
Sandra Moneo, diputada del
Partido Popular ante el debate del
aborto discutido el 25 de noviembre de 2009, en defensa a la enmienda de totalidad al proyecto de aborto a plazos presentado por el Gobierno Socialista. Les he subrayado en negrita los puntos que considero más álgidos de su discurso.
Señorías, subo a esta tribuna siendo consciente de la enorme responsabilidad que
asumo al defender la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado a este proyecto de ley; una enmienda de devolución a un proyecto que
bajo el disfraz de la llamada ley de salud sexual y reproductiva, pretende imponer a la
sociedad española un sistema de aborto libre. Sí, señorías, imponerlo, en contra de la
voluntad mayoritaria de la sociedad española, en contra de los dictámenes de
diferentes órganos consultivos, entre ellos el Consejo Fiscal y el Consejo General del
Poder Judicial, que han sido incapaces de avalar la constitucionalidad de esta ley o lo
han hecho con múltiples objeciones, como el Consejo de Estado, por cierto no siempre
tenidas en cuenta por este Gobierno; en contra de un importante número de expertos,
científicos, médicos, juristas, académicos, que a lo largo de los últimos meses han
venido manifestando enormes discrepancias con este proyecto de ley; en contra de la
sociedad civil, señorías, aquella cuyas opiniones ustedes pretendieron amordazar
dando carpetazo a una subcomisión creada en esta Cámara tan pronto como empezó a
resultar incómoda para los planes y los objetivos del Gobierno. Sí señorías, su intento
de acallar y manipular este debate fue tal que una gran parte de la sociedad española
tuvo que salir a la calle a decirles alto y claro que están en contra de este proyecto; a
decirles que no podemos soportar el incremento incesante del número de abortos,
más de 115.000 el pasado año; a defender algo que en esta Cámara hemos oído no
una sino cientos de veces y es que ninguna mujer quiere verse abocada al aborto; a
pedirles que en vez de trazar el camino de miles de mujeres hacia el terrible drama
que supone el aborto, les ofrezcan una alternativa o el apoyo necesario para no tener
que hacerlo; a que apuesten en definitiva por la vida y por la maternidad,
precisamente todo lo contrario de lo que hace su proyecto de ley.
Desgraciadamente, señorías, nada de esto han tenido ustedes en cuenta a
pesar de la incomodidad, señora ministra, que ha generado su debate, un debate que
quizás en principio preveían como un paseo militar.
De ahí sus idas y venidas, su miedo a llevarlo en el programa electoral, su
silencio más absoluto en el debate de investidura, la trampa de incluirlo por la puerta
de atrás en la resolución de uno de sus congresos y ahora el intento de envolverlo en
una supuesta ley de salud sexual y reproductiva, una ley de acompañamiento que
esconde la reforma más radical en materia de aborto, palabra por cierto que no se
atreven a pronunciar con el fin de esconder sus verdaderas intenciones, convertir en
un derecho, en un principio general lo que siempre debe ser una excepcionalidad.
Ahora bien, déjenme decirles que su estrategia les ha salido mal. La existencia
en el debate de hoy de cinco enmiendas a la totalidad es un claro ejemplo de que su
llamado consenso y las supuestas bondades de su nueva ley no gozan del apoyo
parlamentario que una ley de estas características exigiría, porque el debate que hoy
afrontamos, señorías, plantea una de las cuestiones más importantes que cabe
defender en un parlamento. Estamos hablando de la vida, del derecho de todo ser
humano a vivir, a nacer, a crecer y a desarrollarse como persona, un debate que
supera y que va más allá de creencias religiosas o de posiciones ideológicas. Estamos
ante un debate de principios, de valores. Así lo han entendido las sucesivas
declaraciones y tratados internacionales suscritos por nuestro país, desde la
Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta el Pacto internacional de
derechos civiles y políticos y la Declaración de los Derechos del Niño, de la que
acabamos de celebrar su 50º aniversario, señorías, que establece con rotunda claridad
la protección legal del niño tanto antes como después del nacimiento e incluso la
atención prenatal y posnatal. Así lo ha defendido desde su aprobación la Constitución
española de 1978 en su artículo 15, perfectamente blindado por la sentencia que el
Tribunal Constitucional pronunció en abril de 1985 precisamente para aclarar aquellos
aspectos de dudosa constitucionalidad que recogía la actual regulación del aborto. La
sentencia es muy clara, señorías, estableciendo que el no nacido es un bien jurídico
constitucionalmente protegido por el artículo 15 de nuestra Carta Magna, una
protección que por tratarse de una vida humana distinta de la vida de la madre,
merece protección desde el primer momento, hasta el punto de que dicha protección
puede incluir también como última garantía las normas penales. Señorías, lo que viene
a decir el más Alto Tribunal es que no es admisible un sistema que desconozca en
absoluto la vida del no nacido. De ahí la defensa de un equilibrio entre los derechos de
la madre y del no nacido y la excepcionalidad de que unos puedan prevalecer sobre los
otros.
La pregunta entonces es muy clara: ¿dónde encajan los objetivos del Gobierno
con este proyecto de ley? ¿Dónde encuadramos el llamado derecho a decidir, el
llamado derecho al aborto y los plazos a que pretende someterles este Gobierno?
¿Con qué clase de arbitrariedad se puede decidir que hasta las catorce semanas el no
nacido no es merecedor de protección jurídica? ¿No es un bien jurídico protegido por
el artículo 15 de la Constitución española? Señorías, creo que ante tanta
inconsistencia, sobran las palabras. Ni Constitución española ni tratados
internacionales ni convergencia europea; nada, absolutamente nada justifica la ley del
aborto de este Gobierno.
No hay ningún tratado internacional en materia de derechos humanos
ratificado por nuestro país, ninguno, que reconozca el derecho al aborto. No
cumplimos ninguna obligación internacional con esta reforma, señora ministra, ni
convergemos hacia un consenso internacional, que, señorías, por cierto, no existe. Se
lo ha dicho el Consejo Fiscal. Dos de cada tres países de la Unión Europea, incluso
aquellos que contemplan leyes de plazo, exigen la concurrencia de causas justificadas
para que una mujer pueda someterse a un aborto.
Esta ley es el más claro y vivo exponente de lo que es el aborto libre, un sistema que tan solo tiene su reflejo en los antiguos regímenes totalitarios de la Europa del Este
El proyecto de ley que trae el Gobierno a esta Cámara no exige ninguna durante
las primeras catorce semanas, ninguna.
Esta ley es el más claro y vivo exponente de lo
que es el aborto libre, un sistema que tan solo tiene su reflejo en los antiguos
regímenes totalitarios de la Europa del Este, regímenes que siempre han utilizado el
aborto como un método de planificación familiar, justo lo que hay que evitar, como ha
dicho la Conferencia de El Cairo, la Conferencia de Pekín y, por supuesto, la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa.
Esta ley va más allá. No solo deja sin protección al no nacido, a un ser humano,
señora ministra, pese a que usted le niegue esta condición, sino que
además pretende
desproteger a las menores de edad privándolas del consejo, la confianza y el cariño de
sus padres ante lo que puede ser una de las situaciones más difíciles de su vida. Su ley,
señora ministra, no solo interfiere en las relaciones personales y familiares, sino que
vulnera el principio de patria potestad dibujando un modelo de sociedad donde es más
importante proteger el derecho a la intimidad de los menores, el consumo de alcohol o
de tabaco que someterse a un aborto.
¿O es que no se han parado ni un solo momento a pensar que frente a la
escandalosa cifra de abortos entre adolescentes, lo que ustedes hacen es ofrecerles el
aborto como un método anticonceptivo más?
¿Alguno de ustedes o de sus supuestos
expertos ‐esos nombrados a dedo para que avalasen sus tesis pro abortistas‐ han
dedicado medio minuto a reflexionar sobre el impacto físico y psicológico que la
práctica del aborto puede tener en una adolescente, más si se hace de espaldas a su
familia? Me temo que no, señora ministra, dado su empeño en negar aquello que
médicos, científicos y expertos ratifican continuamente, la existencia del llamado
síndrome postaborto.
Señorías, señora ministra, se lo hemos dicho y se lo vamos a repetir hasta la
saciedad,
la ley que usted trae a esta Cámara no tiene nada que ver ni con la seguridad
jurídica ni con los derechos de las mujeres. No hay mayor seguridad jurídica que la que
nace del cumplimiento de la ley, pero a ustedes esto no les preocupa. La única
seguridad jurídica que ustedes buscan tras la farragosa, catequética y panfletaria
exposición de motivos de esta norma ‐palabras del Consejo de Estado, es la de
aquellos que han hecho del drama del aborto un negocio, aquellos que tuvieron voz en
esta Cámara gracias a ustedes, señores del Grupo Socialista; aquellos que necesitan de
una nueva legislación para buscar la impunidad de sus abusos. Toda la Cámara sabe
que no hay ni una sola mujer en la cárcel por haberse sometido a un aborto, ¡ninguna!
Son otros, señorías, los que temen seguir este camino.
Dejen de ponerse medallas también en la supuesta defensa de los derechos de
las mujeres. Ustedes, que aun sabiendo que la sexualidad es cosa de dos ‐supongo que
lo saben y que sus consecuencias también debieran serlo, han decidido…
(INTERRUPCIÓN DE JOSÉ BONO ANTE LA GRESCA MONTADA EN EL CONGRESO: “Señorías, les ruego que piensen que estamos en la Cámara de la libertad. La
diputada se expresa libremente y SS.SS. que contradigan lo que ella está manifestando
tendrán la oportunidad reglamentaria de contradecirlo, pero es correcto escuchar a
quien habla, aunque no se esté de acuerdo con lo que está diciendo”)
y que sus
consecuencias también debieran serlo, han decidido que seamos nosotras las únicas
responsables y las únicas que tengamos que hacer frente a las posibles consecuencias.
Con la venta de la píldora del día después, como si de un caramelo se tratase, y con
esta ley de aborto libre, ustedes han liberado al hombre de sus obligaciones más
elementales de prevención y, desde luego, de asunción de responsabilidades frente a
un embarazo no previsto o quizás inoportuno. Bonito feminismo el que practica este
Ministerio de Igualdad.
Además, lo han hecho sin ofrecer ni una sola alternativa ni un solo apoyo ni una
sola ayuda a quien quiere seguir adelante con su embarazo. Lo han hecho dibujando el
embarazo en esta ley como un problema o una enfermedad. El embarazo no es
ninguna enfermedad, señora ministra, seguro que usted tiene alguna vez ocasión de
comprobarlo. Tampoco debiera ser un problema si una sociedad como la nuestra, que
aspira a convertirse en paradigma de la igualdad y de la solidaridad, no cerrase los ojos
ante situaciones terribles y dramáticas, que amparadas en presiones familiares,
sociales, económicas o laborales, abocan a la mujer hacia el aborto. Si ninguna mujer
quiere abortar voluntariamente, ¿por qué entonces este Gobierno pretende legitimar
una ley que atenta directamente contra la dignidad de la mujer privándola de uno de
los derechos más inherentes a su condición, el derecho a ser madre? ¿Por qué esta ley
no tiene ni una sola medida para dar alternativas a quien, de contar con ellas, seguiría
adelante con su embarazo? Muy fácil: porque a este Gobierno esto no le interesa.
Termino ya, señor presidente, señorías. A mi grupo le sobran motivos para
presentar esta enmienda de devolución. Somos conscientes de la enorme
responsabilidad que asumimos con la sociedad española, porque creemos firmemente
que quienes tenemos el compromiso de trabajar por y para la defensa de los derechos
fundamentales que los españoles nos dimos con la aprobación de la Constitución
española de 1978 no podemos dar ni un solo paso atrás en la defensa de estos
derechos. Sin duda el derecho a la vida es el más fundamental de todos ello, también
lo son la libertad, esa libertad de la que deben gozar los profesionales sanitarios a la
hora de ejercer la objeción de conciencia, la igualdad y también la defensa de la
dignidad de la persona. A ello el Grupo Popular dedicará el máximo esfuerzo en
compañía, seguro, señorías, de millones de españoles.
